In my current dual roles, I bridge academic research with direct community mobilization to influence policy in real time. At the Nile Valley Institute and the Security Studies and Analysis Center (SESAC) at Nkumba University, my research goes beyond documentation; it serves as a tool for advocacy and structural change. Currently, I am focused on the ongoing conflict in Sudan, particularly on the situation of refugees from the Darfur region. Through these institutions, we have launched the Uganda-Sudan Network for Prevention Work.
Our research contributes to peacebuilding by rigorously documenting atrocities and abuses on the ground, ensuring that there is an evidentiary basis for future post-conflict justice initiatives. Furthermore, we are actively working to counter disinformation and misinformation campaigns that seek to mobilize Sudanese youth along ethnic lines. By connecting these refugees with local institutions back home, we aim to advocate for their inclusion in ongoing peace processes and ensure that the voices of local communities are heard. This helps ensure that political settlements address the realities on the ground rather than simply reflecting the interests of elites.
My journey began as a journalist covering conflicts, where I realized early on that there is much more to war than the fighting itself. I became acutely aware of the factors driving conflict and the heavy burden of its consequences on victims. Transitioning into law, I felt a duty to move beyond merely observing these events to actively defending human rights.
I was driven by the realization that while governments often promise to uphold the rule of law, they frequently fail to address fundamental governance issues, resulting in deep inequalities and the marginalization of ordinary citizens. I saw how war and insecurity, coupled with the absence of citizens from the public sphere, meant that political processes became blind to human rights violations, including violence against women. My inspiration comes from the resilience of these marginalized communities. I realized that, to prevent atrocities, we must change the way governments work and ensure that ordinary men and women have a seat at the table. This motivates me to use my expertise to encourage policymakers to rethink and restructure their interventions.
Having worked on the LRA conflict in northern Uganda, the independence war in South Sudan, and conflicts in the Democratic Republic of the Congo, I have found that the most effective strategy is to integrate community mobilization with high-level policy engagement. Sustainable peace is not possible if the voices of those most affected are ignored.
In my experience, promoting civilian-military relations in active conflicts is crucial for immediate security, but long-term prevention requires addressing the “blind spots” in our political processes. Approaches that successfully combine research with public education through radio, television, and print media have been vital. These platforms allow us to encourage policymakers to restructure interventions in ways that address the root causes of marginalization. By highlighting the lived experiences of displaced populations and women, we can pressure institutions to formalize protections that actually reflect the needs of communities, thereby helping to prevent the recurrence of violence.
I recently participated in the Lemkin Seminar (2026), which was a pivotal experience for me. The program reinforced the importance of networks in prevention work and provided me with new frameworks for analyzing how local actors can influence broader peace processes.
The seminar directly influenced the creation of the Uganda-Sudan Network for Prevention Work. Motivated by the lessons I learned, I began connecting Sudanese refugees—specifically those from the Darfur region—with local institutions back home. The experience taught me that prevention requires proactive engagement with youth to stop the spread of ethnic hate speech and disinformation. Consequently, my approach to research has become more action-oriented. I now prioritize findings that can be immediately used to inform and influence peace processes and document abuses in real time, ensuring that our work serves as a protective mechanism for vulnerable populations during active conflict.
En mis dos cargos actuales, combino la investigación académica con la movilización directa de las comunidades para influir en las políticas públicas en tiempo real. En el Nile Valley Institute y en el Security Studies and Analysis Center (SESAC) de la Universidad de Nkumba, mi investigación va más allá de la documentación; es una herramienta para la incidencia y el cambio estructural. Actualmente, estoy centrado en el conflicto en curso en Sudán, particularmente en la situación de los refugiados de la región de Darfur. A través de estas instituciones, hemos puesto en marcha la Red Uganda-Sudán para el Trabajo de Prevención.
Nuestra investigación contribuye a la construcción de la paz mediante la documentación rigurosa de las atrocidades y abusos cometidos sobre el terreno, garantizando que exista una base probatoria para futuras iniciativas de justicia en el período posterior al conflicto. Además, estamos trabajando activamente para contrarrestar las campañas de desinformación y la información falsa que buscan movilizar a los jóvenes sudaneses en función de líneas étnicas. Al conectar a estos refugiados con instituciones locales en sus lugares de origen, buscamos promover su inclusión en los procesos de paz en curso y garantizar que las voces de las comunidades locales sean escuchadas. Esto contribuye a que los acuerdos políticos aborden las realidades sobre el terreno, en lugar de reflejar simplemente los intereses de las élites.
Mi trayectoria comenzó como periodista cubriendo conflictos, y desde el principio comprendí que la guerra es mucho más que los combates. Tomé conciencia de los factores que impulsan los conflictos y de la enorme carga de sus consecuencias sobre las víctimas. Al pasar al ámbito del derecho, sentí el deber de ir más allá de observar estos acontecimientos para defender activamente los derechos humanos.
Me impulsó la constatación de que, aunque los gobiernos suelen prometer respetar el Estado de derecho, con frecuencia no abordan cuestiones fundamentales de gobernanza, lo que genera profundas desigualdades y la marginación de los ciudadanos comunes. Vi cómo la guerra y la inseguridad, junto con la ausencia de los ciudadanos del espacio público, hacían que los procesos políticos ignoraran las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia contra las mujeres. Mi inspiración proviene de la resiliencia de estas comunidades marginadas. Comprendí que, para prevenir las atrocidades, debemos cambiar la manera en que funcionan los gobiernos y garantizar que hombres y mujeres comunes tengan un lugar en la mesa. Esto me motiva a utilizar mi experiencia para alentar a los responsables de la formulación de políticas a replantear y reestructurar sus intervenciones.
Tras haber trabajado en el conflicto del LRA en el norte de Uganda, la guerra de independencia de Sudán del Sur y los conflictos en la República Democrática del Congo, he constatado que la estrategia más eficaz consiste en integrar la movilización comunitaria con la participación de alto nivel en la formulación de políticas. No es posible lograr una paz sostenible si se ignoran las voces de quienes se han visto más afectados.
En mi experiencia, promover las relaciones entre civiles y militares en conflictos activos es fundamental para la seguridad inmediata, pero la prevención a largo plazo requiere abordar los “puntos ciegos” de nuestros procesos políticos. Han sido fundamentales los enfoques que combinan la investigación con la educación pública a través de la radio, la televisión y los medios impresos. Estas plataformas nos permiten alentar a los responsables de la formulación de políticas a reestructurar sus intervenciones de manera que aborden las causas profundas de la marginación. Al visibilizar las experiencias de las poblaciones desplazadas y de las mujeres, podemos presionar a las instituciones para que formalicen mecanismos de protección que realmente respondan a las necesidades de las comunidades y, de este modo, contribuir a prevenir la recurrencia de la violencia.
Recientemente participé en el Seminario Lemkin (2026), que fue una experiencia decisiva para mí. El programa reforzó la importancia de las redes en el trabajo de prevención y me proporcionó nuevos marcos para analizar cómo los actores locales pueden influir en procesos de paz más amplios.
El seminario influyó directamente en la creación de la Red Uganda-Sudán para el Trabajo de Prevención. Motivado por las lecciones que aprendí, comencé a conectar a los refugiados sudaneses —específicamente a aquellos provenientes de la región de Darfur— con instituciones locales en sus lugares de origen. La experiencia me enseñó que la prevención requiere un compromiso proactivo con los jóvenes para detener la propagación del discurso de odio de carácter étnico y la desinformación. Como consecuencia, mi enfoque de la investigación se ha vuelto más orientado a la acción. Ahora doy prioridad a hallazgos que puedan utilizarse de inmediato para contribuir a los procesos de paz e influir en ellos, así como para documentar abusos en tiempo real, garantizando que nuestro trabajo sirva como mecanismo de protección para las poblaciones vulnerables durante los conflictos activos.